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Legislación
:::: Sobre Cooperación

Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004

En los últimos veinte años, España ha pasado de la condición de receptor de ayuda oficial al desarrollo (AOD) a la condición de donante, cuya política de cooperación al desarrollo, inspirada en la Constitución, expresa la solidaridad del pueblo español con los países en vías de desarrollo y, particularmente, con los pueblos más desfavorecidos de otras naciones sobre la base de un amplio consenso político y social a escala nacional.

En ese mismo periodo se ha completado nuestra integración en las estructuras de decisión euroatlánticas y mundiales: nuestro acceso a la Unión Europea, nuestra participación plena en la OTAN y en la Organización Mundial de Comercio, nuestro ingreso en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y nuestra presencia en importantes Cumbres de Naciones Unidas que se han ocupado en los últimos años de cuestiones claves en la cooperación al desarrollo. Esa misma evolución nos ha colocado en la escena internacional como un país con amplias responsabilidades, octavos contribuyentes a Naciones Unidas, con influencia e intereses en Iberoamérica y en otras regiones y países con vinculaciones históricas y culturales con España.

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Ley 23-1998 del 07-07-98 de Cooperación Internacional para el Desarrollo

La política española de cooperación para el desarrollo tiene básicamente su origen en la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución de 1978, en la que la Nación española proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

La política de cooperación internacional para el desarrollo constituye un aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados democráticos en relación con aquellos países que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo, basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional y de las relaciones que en ella se desarrollan.

A esta concepción de la interdependencia en las relaciones internacionales y de la necesidad de una política de cooperación internacional para el desarrollo responde específicamente el mandato contenido en el preámbulo de la Constitución Española de contribuir en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

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